En febrero de 2003, se suscribió en Palacio de Gobierno la "Carta Verde" o Pacto Agrario Nacional, como respuesta a la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, elaborada por los seis conglomerados gremiales más importantes del agro nacional: Conveagro, AGAP, JNUDRP, Grupo Pecuarios, Adex y Cunga. La "Carta Verde" establece un conjunto de líneas básicas de Política Agraria, incluyendo "la defensa de la producción agraria nacional, condicionando los procesos de desgravación arancelaria de los productos agrarios a la implementación de mecanismos permanentes que permitan corregir completamente las distorsiones en los precios internacionales originadas en los subsidios y ayudas que otorgan algunos países a sus productores y/o exportadores." El presidente Toledo y algunos ministros pusieron su firma, junto a los representantes del agro.
En mayo de 2004, sólo tres meses después, iniciamos formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., en las que, por un lado, la mayor parte del agro nacional -que abastece el mercado interno- corre el riesgo de entrar a competir directamente con las importaciones subsidiadas de Norteamérica, y por otro, nuestras agroexportaciones -que sí tienen condiciones para conquistar mercados en el exterior-, aunque tendrán un trato preferencial, están ubicadas en nichos de productos hortofrutícolas, que pueden representar buenos negocios para un sector, pero que no son una salida para los cientos de miles de agricultores que, ahora, se verían expuestos a la competencia desleal si es que se desactivan los mecanismos de protección vigentes.
¿Por qué nos preocupa la agricultura? Desde una simple perspectiva macro, no puede desdeñarse un sector que aporta el 9% del PBI nacional, proporciona directamente el 26% de los puestos de trabajo (65% en el área rural), genera US$841 millones al año por exportaciones (US$619 millones son no tradicionales) y tiene múltiples eslabonamientos con actividades manufactureras y comerciales. Pero también conviene señalar que este sector alberga a los más pobres del Perú, estimándose que en el año 2001 el 78.3% de las familias rurales eran pobres (dos tercios de ellas eran pobres extremos), constituyendo un segmento de la población con el que el país tiene una inmensa deuda en términos de educación, salud, alimentación e infraestructura. Son ellos los que producen para el mercado interno; son ellos los que van a competir con el maíz, el algodón, el trigo, la leche y otros productos importados que, debido al TLC, entrarán al mercado interno gracias a una competitividad artificial generada por los subsidios.
Agreguemos que la experiencia del ATPDEA tampoco es un antecedente que genere optimismo. No sólo porque el crecimiento de la agroexportación no tradicional hacia EE.UU. está concentrado en un solo producto, el espárrago -que representó casi la mitad del total en este rubro-, sino porque el sector textil -cuyas exportaciones a ese país llegaron a US$505 millones en el 2003- no ha podido revertir la lenta agonía del productor algodonero peruano, cuya producción ha caído por tercer año consecutivo, pasando de 154 mil toneladas en el 2000, a 126 mil en el 2003. En pocas palabras: los únicos productos agrarios que se han beneficiado de regímenes como el ATPDEA son cultivos provenientes de la agricultura empresarial más moderna de la costa peruana, pues el resto de la agricultura nacional, por el momento, sólo tiene posibilidades de competir en el mercado interno, siendo justamente el segmento que estaría más expuesto a la competencia desleal de los productos subsidiados.
En mayo de 2004, sólo tres meses después, iniciamos formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., en las que, por un lado, la mayor parte del agro nacional -que abastece el mercado interno- corre el riesgo de entrar a competir directamente con las importaciones subsidiadas de Norteamérica, y por otro, nuestras agroexportaciones -que sí tienen condiciones para conquistar mercados en el exterior-, aunque tendrán un trato preferencial, están ubicadas en nichos de productos hortofrutícolas, que pueden representar buenos negocios para un sector, pero que no son una salida para los cientos de miles de agricultores que, ahora, se verían expuestos a la competencia desleal si es que se desactivan los mecanismos de protección vigentes.
¿Por qué nos preocupa la agricultura? Desde una simple perspectiva macro, no puede desdeñarse un sector que aporta el 9% del PBI nacional, proporciona directamente el 26% de los puestos de trabajo (65% en el área rural), genera US$841 millones al año por exportaciones (US$619 millones son no tradicionales) y tiene múltiples eslabonamientos con actividades manufactureras y comerciales. Pero también conviene señalar que este sector alberga a los más pobres del Perú, estimándose que en el año 2001 el 78.3% de las familias rurales eran pobres (dos tercios de ellas eran pobres extremos), constituyendo un segmento de la población con el que el país tiene una inmensa deuda en términos de educación, salud, alimentación e infraestructura. Son ellos los que producen para el mercado interno; son ellos los que van a competir con el maíz, el algodón, el trigo, la leche y otros productos importados que, debido al TLC, entrarán al mercado interno gracias a una competitividad artificial generada por los subsidios.
Agreguemos que la experiencia del ATPDEA tampoco es un antecedente que genere optimismo. No sólo porque el crecimiento de la agroexportación no tradicional hacia EE.UU. está concentrado en un solo producto, el espárrago -que representó casi la mitad del total en este rubro-, sino porque el sector textil -cuyas exportaciones a ese país llegaron a US$505 millones en el 2003- no ha podido revertir la lenta agonía del productor algodonero peruano, cuya producción ha caído por tercer año consecutivo, pasando de 154 mil toneladas en el 2000, a 126 mil en el 2003. En pocas palabras: los únicos productos agrarios que se han beneficiado de regímenes como el ATPDEA son cultivos provenientes de la agricultura empresarial más moderna de la costa peruana, pues el resto de la agricultura nacional, por el momento, sólo tiene posibilidades de competir en el mercado interno, siendo justamente el segmento que estaría más expuesto a la competencia desleal de los productos subsidiados.
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